Antxon Mendizabal

El debate sobre el reparto del trabajo se generaliza hoy en el contexto europeo, ganando progresivamente partidarios/as que consideran necesaria su aplicabilidad en el mundo industrializado. A su vez, se encuentra en cierne el debate sobre el salario social y la referencia a este tema aparece subordinada respecto al reparto del trabajo. Sintetizaremos ahora las propuestas europeas más concretas realizadas en los últimos años sobre este tema.

Destacaremos en el ámbito de la Unión Europea dos propuestas significativas. Consideraremos en primer lugar el informe sobre la reducción del tiempo de trabajo realizado por el Comité Económico y Social en Agosto de 1.995. Este informe reconoce en primer lugar que la reducción del tiempo de trabajo contribuye a mejorar la situación del empleo y en segundo lugar, que no existe un único modelo de reducción del tiempo de trabajo que las autoridades europeas puedan establecer por decreto.

Consideramos en segundo lugar el informe presentado, dentro de la Comisión de Asuntos Sociales, por el eurodiputado y ex primer ministro del Estado Francés M.Rocard en Enero de 1.996. Este evalúa que el conjunto de los costes del seguro de desempleo, prejubilaciones y prestaciones sanitarias a los/las parados que no cotizan, ha desbordado el 4% del P.I.B. de la Unión Europea (al rededor de 56 billones de ptas.) remarcando el inmenso ahorro que podría derivarse de una reducción significativa del paro. En base al análisis citado, se propone reducir la jornada laboral planteando la tarificación de la seguridad social, al objeto de reducir las cargas sociales de las empresas que reduzcan la jornada y penalizar las cotizaciones sociales de las que no la reduzcan y/o la amplíen.

M. Rocard evalúa que una reducción media de la jornada semanal a 34 horas supondría un ahorro del 28% de los gastos sociales, generando el suficiente ahorro para cubrir el coste de contratación de un nuevo 10% de empleados/das. El eurodiputado Ken Coates estima que la aplicación de esta medida supondría la creación de 3 millones de nuevos puestos de trabajo en la Unión Europea.

Los críticos consideran, en cambio, que el ahorro generado por la reducción de las cotizaciones sociales serviría para incrementar considerablemente la productividad sin que haya ninguna garantía de que las empresas contraten nuevos empleos. Se utilizará por lo tanto para fomentar la internalización de la autofinanciación empresarial, sin que ello redunde significativamente en la creación de empleo. Estas medidas generarán además una enorme merma en los recursos de la seguridad social. Tampoco queda claro en las propuestas de Rocard el volumen de la compensación salarial.

El movimiento obrero de este país ha conseguido generalizar la jornada laboral de 35 horas semanales en amplios sectores de la economía alemana. A partir de los años ochenta la reducción del tiempo de trabajo a 35 horas salariales sin pérdida de salario, ha sido uno de los grandes objetivos estratégicos del sindicato del metal (I.G.Metal), auténtica vanguardia del conjunto del movimiento obrero del país en este envite. Remarcaremos algunas particularidades de este proceso.

En primer lugar tendríamos que considerar las grandes confrontaciones sociales que estuvieron en la base del proceso. Así, la metalurgia ha conocido sucesivamente 3 grandes conflictos acompañados de huelgas prolongadas en 1.984 (con una duración de 7 semanas), 1.987 y 1.990, que posibilitaron reducir progresivamente la jornada laboral semanal (38,5 horas en 1.985; 37,5 en 1.988; 36 en 1.993 y 35 horas en 1.995) hasta alcanzar por fin las añoradas 35 horas semanales sin disminución salarial.

En segundo lugar, el proceso económico está marcado por fuertes incrementos de productividad que absorben sin problemas las reducciones del tiempo de trabajo y los débiles incrementos salariales del período, posibilitando el aumento de los beneficios empresariales. Así, entre 1983 y 1992 la productividad horaria creció, en los sectores citados, un 22,8% mientras la jornada laboral media se reducía en un 5,25%. La política económica cristalizada en el período ha primado por lo tanto los beneficios empresariales y las reducciones de empleo, en detrimento de los incrementos salariales.

En tercer lugar hay que considerar que como consecuencia de la progresiva reducción de la jornada laboral, el proceso económico ha generado cerca de 650.000 puestos de trabajo fijos, que alcanza el millón de nuevos empleos si incluimos los puestos de trabajo a tiempo parcial; lo que siendo importante, resulta absolutamente insuficiente para integrar a los excluidos en el mercado de trabajo.

Los nubarrones negros aparecidos en el panorama económico consolidarán esta opción por priorizar el mantenimiento del empleo en muchas empresas en dificultades. Así, el acuerdo de la Volkswagen en 1.993, concierne a un colectivo de 111.000 trabajadores, planteando una reducción de la jornada laboral semanal del 20% (de 36 a 28,8 horas) acompañada de una reducción salarial del 16%, al objeto de mantener cerca de 3.000 empleos afectados por el plan de reestructuración, confirma lo aquí expuesto. No obstante, la reducción del tiempo de trabajo y el mantenimiento del empleo han ido acompañados de significativas concesiones en materia de flexibilidad laboral, de manera que este tema de la flexibilidad laboral sustituye hoy progresivamente a la compensación salarial y a la reducción del tiempo de trabajo, como principal preocupación de los/las trabajadores.

Sin los logros prácticos de la clase obrera alemana, es en el Estado Francés donde las iniciativas y el debate teórico adquieren su expresión mas desarrollada. Destacamos las iniciativas más significativas.

La enmienda a la Ley Quinquenal de Empleo aprobada en 1.993 por la Comisión de Asuntos Sociales del Senado Francés, permitiendo a las empresas que reduzcan su jornada laboral y aumenten su plantilla en un 10%, una reducción considerable (entre un 30 y un 40%) de sus cotizaciones sociales. Esta enmienda diseña un nuevo escenario que se concretará en diversas variantes.

• Señalaremos en primer lugar las medidas propugnadas por el ministro Bérégovoy al objeto de fomentar las contrataciones a tiempo parcial, mediante la reducción de las cotizaciones sociales. En la práctica estas medidas han beneficiado a la gran distribución comercial y a la hostelería, convirtiendo empleos mal pagados a tiempo completo en contratos a tiempo parcial.

• Señalaremos en segundo lugar la Ley Robien de Junio de 1.996, que busca "amarrar" un convenio firmado entre el Estado y la Empresa, que comprometa realmente a esta última en la reducción del tiempo de trabajo y en la contratación del nuevo personal. Esta ley prevé reducciones de jornada del 10% y 15% con aumentos equivalentes de contratación, acompañados de reducciones del 30 y 40% en las cotizaciones sociales. Se aplica también, al objeto de mantener los puestos de trabajo, en las empresas en dificultades.

  Los críticos a la Ley Robien remarcan la ausencia de una posición clara respecto al mantenimiento de los salarios de los trabajadores/as que ven reducir su jornada; así como la enorme reducción de ingresos del Estado provocada por estas medidas.

El acuerdo firmado en Octubre de 1.995 entre las organizaciones patronales y diversas organizaciones sindicales (C.F.D.T., F.U., C.G.T.) al objeto de impulsar reducciones anuales del tiempo de trabajo con negociaciones por ramas de actividad. La experiencia indica que las anualizaciones favorecen los incrementos de productividad sin crear empleo, por lo que los sindicatos han ido desligándose del acuerdo.

En los últimos años hemos asistido también a la profundización de un fuerte debate teórico al respecto de "la reducción de jornada laboral y el nivel salarial" (recogido en este trabajo), que se refleja en dos grandes enfoques. Ambos han popularizado el objetivo de la reducción de jornada a 35 horas primero y 32 horas después, mediante una Ley Marco que institucionalice la nueva jornada y permita negociar de manera descentralizada su aplicabilidad. Un fondo de compensación garantizará las transferencias económicas a la empresa por la vía presupuestaria.

• En primer lugar, M.Husson y el movimiento" Agir ensemble contre le chomage" plantean una reducción de jornada a 35horas semanales para todos los sectores (10% de la jornada) con mantenimiento del nivel salarial, creando así 1'5 millones de nuevos puestos de trabajo. El coste de la financiación total oscilaría alrededor del 4% del P.I.B.

• Por otra parte, A.Lipietz, portavoz de los verdes, defiende la reducción de la jornada a 35 horas, con compensación del nivel salarial limitado a los asalariados de rentas medias y bajas aproximándose escalonadamente a las 32 horas (lo que significaría, según las estimaciones, la creación de 2 millones de nuevos empleos). Lipietz enmarca esta reducción de jornada en el interior de una estrategia ecológica de desarrollo sostenible y en combinación con la implantación de un tercer sector de utilidad ecológica y social, destinado a acoger progresivamente a los 3 millones de excluidos/das y precarizados/das sociales que aun perduran.

Recogeremos para finalizar, las propuestas de L. Jospin durante la última campaña electoral, planteando la reducción del tiempo de trabajo a 37 horas semanales primero y a 35 horas semanales después, mediante una ley marco y sin reducción de salario. Tras la victoria electoral L. Jospin ha reiterado su compromiso de implantar para el 1 de Enero del año 2.000 la Ley Marco de 35 horas semanales, así como la creación de 700.000 empleos, de los cuales la mitad se destinarán a los jóvenes desempleados (cubriendo necesidades de ayuntamientos, hospitales, familias, centros de enseñanza, universidades, etc.).

Por su directa incidencia en la realidad de Hego Euskal Herria, resumiremos brevemente algunas propuestas sociales y políticas.

En la ponencia marco de su último congreso ha planteado la necesidad de debatir el reparto del trabajo, por la vía de la generalización del contrato a tiempo parcial y de la reducción de jornada con reducción salarial.

En su programa electoral para las elecciones de 1.993 plantea la reducción de la jornada laboral acompañada de reducciones salariales no proporcionales (de manera que las retribuciones no desciendan por debajo de un 70% u 80% de su anterior renta mensual). Su propuesta de reducción del tiempo de trabajo se complementa con la exigencia de eliminación de horas extraordinarias, jubilaciones anticipadas y el establecimiento de la quinta semana de vacaciones.

En las elecciones de 1.996 planteaba que "para crear empleo hay que trabajar más"; matizando que "el absurdo reparto del trabajo es congruente con el reparto de la pobreza socialdemócrata".

En su comparecencia ante el congreso, juntamente con Comisiones Obreras, en Octubre de 1.993, ambos secretarios estatales admitieron la posibilidad de negociar la reducción de jornada con reducción salarial.

En su último congreso confederal (1.996) defiende el establecimiento de una Ley marco que institucionalice progresivamente la jornada laboral semanal de 35 horas sin reducción de salarios para el año 2.000.

Ha mostrado, durante la campaña electoral de 1.996, su escepticismo ante la reducción del tiempo de trabajo, limitando su propuesta a la exigencia de "abaratamiento del despido" al objeto de flexibilizar las plantillas y crear así nuevos empleos.

Muestra el mismo escepticismo, admitiendo la reducción del tiempo de trabajo en situaciones concretas de reconversión empresarial al objeto de minimizar de esta manera la pérdida de puestos de trabajo.

La necesidad del reparto del trabajo y el salario social han estado siempre presentes en nuestras movilizaciones y propuestas generales. Sin embargo, sólo en los últimos años se han concretado iniciativas para viabilizar estas grandes consignas. Trataremos de recogerlas de manera sintetizada.

Desde el gobierno de la C.A.V. el consejero de trabajo Ramón Jauregui trata de impulsar políticas de reducción del tiempo de trabajo, defensivas y ofensivas, en las empresas individuales; junto con una serie de modalidades complementarias (flexibilidad laboral, eliminación de las horas extraordinarias, contratos para jóvenes, fomento de la jornada parcial) a través de un sistema de incentivos fiscales y ayudas públicas. Se trata de un conjunto de recomendaciones, orientaciones y medidas, ya que no hay competencias en la C.A.V. para legislar sobre estas cuestiones. Destacaremos entre sus iniciativas prácticas los dos acuerdos para el fomento del empleo y la reducción del tiempo de trabajo más relevantes.

• El convenio firmado con el Grupo Cooperativo de Mondragón (M.C.C.); permitirá la creación de 4.000 nuevos puestos de trabajo para el año 2.000. El convenio contempla la creación de la nueva figura de "socio de trabajo por tiempo definido", e incrementa el número de eventuales en el M.C.C.

• El convenio suscrito con 15 empresas vascas significativas (englobando grandes empresas como C.A.F., Sidenor, Tubacex, Alfa, Mayc, y sucursales de multinacionales como Mercedes, Michelin, Guardian Llodio y Firestone) que agrupan en su conjunto una plantilla de mas de 60.000 trabajadores; permitiendo la cristalización de modalidades diferentes de reducción del tiempo de trabajo y creación de empleo, adecuadas a las diversas realidades empresariales (eliminación de horas extraordinarias en unos casos, jubilación anticipadas en otros, realización de nuevas contrataciones en otros etc.).

Esta organización patronal desconfía de toda reducción del tiempo de trabajo e impulsa los "contratos a tiempo parcial" (consolidando la feminización de estos contratos y las diferencias reales de status entre los asalariados/as) como medida de reparto del empleo. Su línea argumentacional quedó expresada en las jornadas de octubre de 1.995, manifestando que "el empleo se crea, se destruye, se transforma, pero no se reparte". Esta organización acepta las medidas, orientaciones y recomendaciones propuestas por Jauregui, e insiste que todo planteamiento de reducción del tiempo de trabajo ha de realizarse empresa por empresa y debe ir acompañada siempre por su correspondiente reducción salarial.

Esta organización sindical proclama su sintonía con la propuesta genérica de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) que reclama la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, para avanzar progresivamente hasta la jornada laboral de 32 horas y 4 días. Considera también que ante la carencia de competencias básicas de la C.A.V. se debe aplicar la reducción del tiempo de trabajo por la vía de la negociación colectiva, siendo la administración pública referencia y ejemplo en la aplicación de las medidas.

En las jornadas de Octubre de 1.995 se posicionó a favor de la reducción de jornada sin reducción salarial. Para esta organización sindical la financiación del proceso debe cubrirse tanto por la administración, como por las empresas (destinando a este menester una parte de los incrementos de productividad) y los altos salarios (moderando la evolución de sus retribuciones).

Ante la carencia de facultades y competencias en materia laboral, propugna acuerdos sectoriales e interprofesionales entre empresarios y sindicatos, al objeto de fijar un marco de condiciones para su posterior concreción en cada empresa (implicando a la administración en su control). Sus propuestas más significativas se sintetizarían de la siguiente manera

• reducción significativa, y de aplicación generalizada, del tiempo de trabajo (se estima que se crearían 17.500 nuevos puestos de trabajo por cada hora de reducción de jornada)

• jubilación anticipada a los 60 años (afectaría a 53.000 trabajadores y se estima que aplicando políticas sustitutorias de empleo podrían crearse 14.000 nuevos empleos)

• derecho de los trabajadores a tiempo completo de optar por un contrato a tiempo parcial (manteniendo el derecho de retorno al contrato anterior) siendo siempre sustituido, en proporción a su reducción, por otro trabajador en idénticas condiciones contractuales

• establecimiento de una cobertura económica para todas las personas sin ingreso

• exigencia de competencias estatutarias que posibilitarían la construcción de la esfera social (seguridad social, formación y empleo)

La iniciativa legislativa popular presentada en la C.A.V. en diciembre de 1.996, trata de elaborar una Carta de Derechos Sociales con participación popular. Con el apoyo de 7 sindicatos y dinamizada por diversos colectivos sociales esta iniciativa ha recogido 82.000 firmas que posibilita que sea debatida en el parlamento de Gasteiz (que en caso de aprobación deberá proceder a su financiación a través de diversas partidas presupuestarias). En Septiembre de 1.997 una iniciativa del mismo tipo para la elaboración de otra Carta de los Derechos Sociales comienza su andadura en Nafarroa. Tras evaluar la situación del mercado de trabajo, la Carta de Derechos Sociales plantea dos propuestas fundamentales:

• El reparto del tiempo de trabajo, proponiendo en el ámbito de la administración vascongada la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales, la eliminación de las horas extraordinarias, la jubilación anticipada a los 60 años y la sustitución de las formas de contratación temporal por contratos fijos. Ante la ausencia de competencias reales, esta iniciativa legislativa insta a los agentes sociales y económicos para que utilicen la negociación colectiva, al objeto de extender a toda la sociedad las medidas propuestas en la administración autonómica.

• La renta básica, equivalente al salario mínimo interprofesional vigente (68,040 ptas. mensuales en 14 pagas para 1.998). Se pretende con ello reconocer el derecho ciudadano/na a una renta social para las personas que quedan fuera del mercado de trabajo. Los beneficiarios/as de la renta básica acordaran con la administración la contrapartida social que deben realizar en beneficio de la sociedad.

Esta organización de la izquierda abertzale presenta sus propuestas de reparto de la riqueza, evaluando el impacto potencial de cada una de ellas. El impacto de las sucesivas reducciones de jornada se ha calculado en base al estudio diferenciado de los sectores productivos de Hego Euskal Herria: Sector Primario, Industria,

Construcción y Servicios (incluyendo el estudio pormenorizado de los subsectores que conforman este último sector). Herri Batasuna periodifica sus propuestas de la siguiente manera:

• En el corto plazo plantea la supresión de las horas extraordinarias (lo que posibilitaría la creación de 19.800 puestos de trabajo); la implantación mediante Ley marco de la jornada de 35 horas semanales (creando 66.582 empleos); la jubilación anticipada (creando 10.000 puestos de trabajo) y la implantación del salario social para desempleados/as y excluidos/as sociales (permitiendo cubrir las necesidades básicas de un colectivo de 92.318 personas).

• En el medio plazo plantea la reducción progresiva de la jornada laboral hasta las 32 horas semanales (creando otros 60.968 empleos); nuevas jubilaciones anticipadas (creando 8.000 empleos); y la extensión del salario social para desempleados/das y excluidos/das (cubriendo a un nuevo colectivo de 23.350 personas)

• La perspectiva del medio plazo va acompañada de directrices y orientaciones favorables al desarrollo del espacio económico vasco y de un marco propio de relaciones laborales, al objeto de potenciar un nuevo modelo de desarrollo social que incluya líneas de acción concretas como el fortalecimiento de la propiedad social comunitaria, la potenciación del sector público, la creación del Instituto de Empleo y la implantación del Sistema Público Vasco de Seguridad Social.

Esta organización sindical plantea reducir la jornada de 38 a 32 horas semanales manteniendo el salario (16,2%), lo que permitiría crear 100.000 nuevos empleos y reducir la tasa de paro al 10%. La reivindicación de soberanía política, concretada históricamente para LAB en la consecución de un Marco Propio de Relaciones Laborales que permita a los trabajadores/as vascos ser protagonistas en las cuestiones que les afectan, es vital en este proceso, ya que la implantación de las 32 horas semanales viene encuadrada en una Ley marco que generalice su aplicación en el conjunto de Hego Euskal Herria.

Para esta organización sindical, las medidas de reducción del tiempo de trabajo deben ser acompañadas de la erradicación de las horas extraordinarias, la jubilación anticipada a los 60 años (y la reposición del empleo con nuevos contratos), la erradicación de las ETTs, la implantación de un salario social universal adecuado (que en ausencia de otros recursos permita sobrevivir dignamente a todo miembro de la comunidad); y la implantación de un sector de utilidad ecológico y social, subsidiado por el sector público, para los/las que permanecen excluidos del mercado de trabajo; enmarcando todo ello en otro modelo de desarrollo y en otra lógica de desarrollo.